CCOO denuncia que continúa la sobrecarga en los juzgados onubenses

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CCOO ha criticado la situación en la que se encuentran los juzgados, tanto de la capital como del conjunto de la provincia de Huelva y solicita, tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, medidas dirigidas a acabar con el colapso continuo de algunos órganos judiciales onubenses.

La sección sindical de Justicia de CCOO en Huelva ha realizado un estudio de carga de trabajo de los distintos órganos judiciales de la provincia, basado en los datos que se encuentran en la ‘Memoria anual de actividades del año 2020’ que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía saca cada año, y teniendo en cuenta los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

En el análisis de los datos aportados en la memoria del TSJA 2020 hay que tener en cuenta que durante ese año, sobre todo después de entrar en vigor el RD 463/2020, 14 marzo, hubo un confinamiento de más de 3 meses en el que se llegó a suspender más del 90% de señalamientos y actuaciones previstas, incluida la entrada de asuntos y recursos, si bien no hubo cese de la actividad judicial por completo, ya que se mantuvieron servicios esenciales y actuaciones urgentes, como los procesos con presos.

En lo que respecta a los asuntos ingresados en 2020, sin tener en cuenta el trabajo pendiente y acumulado, CCOO ha denunciado que los juzgados, tanto los de lo Social como los de Primera Instancia, soportan cargas de trabajo de entre un 46,5 % y un 76,87 %. En el caso de los Juzgados de lo Penal, superan la carga máxima de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial, en un 118%, mientras que el límite de carga máxima también es superado por la Sección 2ª (Civil) de la Audiencia Provincial, que lo sobrepasa en un 51,5 %.

La situación de la provincia es similar, de manera que el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía propone la creación de un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción para La Palma del Condado, Moguer y Ayamonte, ya que los juzgados de este último, sobrepasan la carga máxima en los asuntos civiles en un 31,02% y en un 14,6% en los asuntos penales; los de Moguer sobrepasan la carga máxima en los asuntos civiles en un 15% y en un 23,8% en los asuntos penales; y los de La Palma del Condado sobrepasan la carga máxima en asuntos civiles en un 53,23%.

En cuanto a los cuatro servicios comunes de la provincia de Huelva, se han registrado un total de 22751 diligencias unipersonales y 824 diligencias de comisión, sufriendo un ligero descenso en el número total de embargos y lanzamientos, y habiéndose practicado positivamente un 59% de estos últimos.

Desde CCOO «consideramos insuficiente el actual plan de prolongación de jornada motivado por la crisis sanitaria y que la Junta de Andalucía ha fijado con solo tres funcionarios por órgano, tres días a la semana, durante tres horas. Entendemos asimismo que la duración de 23 semanas del plan es insuficiente y deja fuera a muchos órganos saturados», señalan.

Además de la creación de los nuevos juzgados que el TSJA considera necesarios para la provincia, el sindicato ha solicitado la creación de un Juzgado de lo Penal, incrementos de plantilla en los juzgados de Valverde del Camino, Aracena y Mixto n.º 2 de Ayamonte (competente en Registro Civil),así como en todos los mixtos con competencia en violencia de género, y en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Huelva, para la que el TSJ solicita una plaza más de Magistrado.

Respecto a las infraestructuras, CCOO reivindica la construcción de la Ciudad de la Justicia en la capital y una nueva sede para los juzgados de Ayamonte «que eviten la dispersión actual, tal y como aprecia la Memoria del TSJA, así como mejoras en la sede judicial de Moguer».

Asimismo, el sector de la Administración de Justicia de CCOO de Andalucía, ha insistido en que es «urgente» iniciar por parte del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia un estudio de cargas de trabajo, aumento de plantillas y mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias de Justicia, «buscando mejorar la calidad de la justicia andaluza como servicio público».

 

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