La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente de Adamuz.
La decisión, según ha explicado la alcaldesa, responde a “la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder”.
“Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia”, ha afirmado Pilar Miranda, quien ha señalado además que el presidente del Gobierno “no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha pedido perdón a las familias”.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del interés general, colaborando activamente con los órganos judiciales para que el caso sea esclarecido en su totalidad.
La alcaldesa elevará la propuesta al próximo pleno municipal con el objetivo de recabar el apoyo unánime de todos los grupos políticos. “Aquí no hablamos de colores políticos sino de la memoria de los 46 fallecidos, de sus familias, los heridos y todas las personas que viajaban en los dos trenes accidentados. Se lo debemos”, ha subrayado.
Miranda ha insistido en que “Huelva merece la verdad” y ha reclamado al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas necesarias para garantizar que no vuelva a repetirse una tragedia similar.
En este sentido, ha asegurado que como alcaldesa “irá donde tenga que ir” y que no parará hasta conseguir “trenes de calidad, medidas de seguridad efectivas y un tren de alta velocidad que conecte Huelva con el mundo”.
Finalmente, ha defendido que las instituciones públicas tienen la “obligación moral” de dar un paso al frente en situaciones como esta, lamentando que, a su juicio, el Gobierno no adoptara con anterioridad las medidas de seguridad necesarias.
