Izquierda Unida (IU), a través del Grupo Por Andalucía, trasladará al Parlamento de Andalucía el conflicto laboral que afecta a una veintena de trabajadores y trabajadoras de la cafetería del Hospital Infanta Elena, que permanecen en huelga indefinida tras meses de impagos salariales.
Así lo ha anunciado el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, tras una reunión de trabajo con la secretaria provincial de CCOO, Julia Perea, y con la plantilla en huelga, entre ellos su delegada sindical, Pepi Sampedro, quienes expusieron la situación de extrema precariedad que atraviesan desde hace meses.
Durante la rueda de prensa posterior, Pepi Sampedro explicó que la plantilla se ha visto obligada a convocar una huelga indefinida “tras dos meses sin cobrar”, en un contexto de deterioro económico prolongado de la empresa concesionaria. Según relató, la mala gestión ha provocado incluso impagos a proveedores, lo que ha ido vaciando progresivamente la actividad del servicio. “Hemos cumplido siempre con nuestro trabajo y lo único que pedimos es cobrar nuestro sueldo. No somos responsables de esta situación”, subrayó.
Por su parte, Julia Perea detalló que estas veinte familias llevan sufriendo retrasos salariales desde hace más de dos años y que, en el momento de la convocatoria de la huelga, la deuda acumulada alcanzaba tres mensualidades. La responsable sindical alertó además de la incertidumbre generada tras el anuncio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria. “Si el contrato desaparece, estas personas se enfrentan directamente al despido”, advirtió.
Perea reclamó a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad, al considerar que no se ha vigilado el cumplimiento de las obligaciones salariales y con la Seguridad Social, y recordó que se trata del segundo conflicto de características similares en cafeterías hospitalarias de la provincia. Asimismo, exigió una solución negociada que garantice tanto el mantenimiento del servicio como el de los puestos de trabajo.
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, señaló que, aunque la empresa concesionaria es la principal responsable, “la Junta de Andalucía tiene mucho que decir” en un servicio que da apoyo a un hospital público. Toti avanzó que la iniciativa parlamentaria se articulará en torno a dos cuestiones clave: las condiciones en las que se adjudicó el contrato a la empresa actual y las medidas que piensa adoptar el SAS para dar una salida a la situación de estas veinte familias, cuyo único objetivo es “volver a su puesto de trabajo y cobrar su salario a fin de mes”.
Desde Izquierda Unida y el Grupo Por Andalucía han mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la plantilla y de CCOO, anunciando que apoyarán las medidas de presión que se impulsen desde los trabajadores mientras no se alcance una solución.
