El Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en Pleno el inicio de la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de dar respuesta a una realidad consolidada en el campo almonteño: la necesidad de alojamiento digno para los trabajadores temporeros del sector agrícola, principal motor económico del municipio.
Según ha informado el Consistorio en una nota oficial, se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace años y que hasta ahora no había sido abordado desde el planeamiento urbanístico, a pesar de las reiteradas demandas del sector. En este sentido, el Ayuntamiento señala que existía una contradicción normativa entre el PGOU vigente —que prohíbe el uso residencial en determinados suelos rústicos— y la normativa autonómica actual, que reconoce los alojamientos para temporeros como un uso vinculado a la actividad agrícola. Esta situación había generado un bloqueo legal que impedía regularizar viviendas existentes y avanzar con seguridad jurídica.
La iniciativa aprobada en Pleno nace de la demanda directa de los agricultores y es fruto de un trabajo coordinado entre el sector, los técnicos municipales, el Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía. Un proceso basado en el diálogo, el análisis técnico y la búsqueda de una solución ajustada tanto a la legalidad como a la realidad social y económica del municipio.
Desde el Ayuntamiento se subraya que no se plantea urbanizar el suelo agrícola ni alterar su naturaleza, sino permitir usos compatibles y directamente vinculados a la actividad agraria, como son los alojamientos para trabajadores temporeros. Estos usos, destacan, no desnaturalizan el campo, sino que contribuyen a hacerlo viable al garantizar mano de obra estable y condiciones de vida dignas para quienes sostienen el sector.
La modificación urbanística, que se articula a través de la innovación número 33 del PGOU, responde a un interés público evidente, ya que permitirá ordenar una realidad social y laboral que, en ausencia de regulación, deriva en infravivienda, asentamientos irregulares y mayor presión sobre los servicios públicos. En este sentido, el Ayuntamiento defiende el urbanismo como una herramienta de política social, orientada a mejorar las condiciones de salud, seguridad y convivencia.
Con esta aprobación inicial, el Consistorio apuesta por sustituir el desorden por planificación, incorporando control municipal y exigencias técnicas claras. La modificación permitirá una localización adecuada de los alojamientos, su integración ambiental, el acceso a servicios básicos y una mayor seguridad jurídica tanto para el sector agrícola como para los propios trabajadores.
Desde el equipo de gobierno se valora este acuerdo como “un hito importante” para el futuro del sector agrícola de Almonte y como un ejemplo de colaboración público-privada, orientado a ofrecer soluciones reales, responsables y ajustadas a la legalidad a problemas estructurales del municipio.
