8 febrero 2026

A disposición judicial un motorista por circular a 188 kilómetros por la N-435

La Guardia Civil detectó al conductor en un tramo limitado a 90 km/h

Redacción

La Guardia Civil ha investigado y puesto a disposición judicial al conductor de una motocicleta que fue detectado circulando a 188 kilómetros por hora en la carretera N-435, a la altura de Almonaster la Real, en un tramo limitado a 90 km/h.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre, cuando efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva realizaban un control de velocidad en esta vía —incluida entre las carreteras con mayor siniestralidad de motocicletas en la provincia— y detectaron al vehículo circulando a una velocidad 94 km/h por encima del límite permitido.

Delito contra la seguridad vial

La velocidad registrada supera en más de 80 km/h el umbral que diferencia una infracción administrativa de un delito contra la seguridad vial, al tratarse de una vía interurbana. Debido a la elevada velocidad, no fue posible la interceptación inmediata del motorista, por lo que las diligencias fueron asumidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), encargado de identificar al presunto autor y esclarecer los hechos.

Una vez concluida la investigación, el conductor ha sido puesto a disposición del Juzgado de Aracena en calidad de investigado, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 km/h.

Plan contra la siniestralidad

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Actuación contra la Siniestralidad, desarrollado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía, y alineado con las líneas estratégicas de la Dirección General de Tráfico. El plan se dirige especialmente a colectivos vulnerables y a zonas con mayores índices de accidentes.

La Guardia Civil ha calificado la conducta como “temeraria y extremadamente peligrosa”, al generar un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. El investigado se enfrenta a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.

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