La flota pesquera de Ayamonte permanece este lunes amarrada como medida de protesta contra la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, una normativa que el sector considera excesivamente burocrática, alejada de la realidad del trabajo en el mar y con un impacto directo sobre la viabilidad de la pesca artesanal y de bajura.
El reglamento, en vigor desde el pasado 10 de enero, obliga a declarar las capturas pieza a pieza y a comunicar la entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación, requisitos que los armadores califican de impracticables para buena parte de la flota. La paralización en Ayamonte se suma a las protestas que se están produciendo en otros puntos del litoral español, como la Bahía de Cádiz, en una movilización generalizada del sector pesquero.
Los armadores advierten de que estas nuevas obligaciones incrementan la carga administrativa, interfieren en el desarrollo normal de las faenas y generan inseguridad en la toma de decisiones en el mar. Además, alertan de que ponen en riesgo la continuidad de numerosas embarcaciones de menor tamaño, que no disponen de medios ni personal suficientes para asumir este nivel de control.
“El problema no es el control, que siempre hemos defendido, sino una burocracia desmedida que no tiene en cuenta cómo se pesca realmente”, señala Alonso Abreu, gerente de la Asociación de Armadores Punta del Moral. “Hay jornadas en las que es imposible saber con horas de antelación cuándo vas a entrar a puerto o detallar cada captura sin poner en riesgo la propia actividad”, añade.
Desde la asociación alertan de que la aplicación literal del reglamento puede provocar pérdidas económicas inmediatas, inseguridad jurídica y un aumento de la presión sobre una flota que ya opera bajo una regulación estricta. “No estamos para más trabas administrativas. Estamos para trabajar y para seguir garantizando una pesca sostenible”, subraya Abreu.
Los armadores reconocen los intentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por adaptar la norma a la realidad del sector, como la reducción de los tiempos de preaviso para determinados segmentos de flota, pero consideran que estas medidas son claramente insuficientes. “Hacen falta cambios de fondo, no parches”, insiste el gerente.
La Asociación de Armadores de Punta del Moral reclama a la Comisión Europea y a las administraciones competentes diálogo real con el sector, flexibilidad en la aplicación del reglamento y soluciones que compatibilicen el control y la sostenibilidad con la supervivencia de la pesca tradicional. “Si no se corrige el rumbo, muchas embarcaciones no podrán seguir faenando”, concluyen.
